¿Un terrón de azúcar para el General?,

Miriam Celaya González

El reciente anuncio oficial de la legalización de compra y venta de viviendas en Cuba ha dado lugar a una agitación mediática que supera con creces la respuesta popular a tal medida. El sobredimensionamiento de esta información por la prensa internacional, sin embargo, no resulta casual: de las “medidas raulistas” ésta es hasta ahora la más substancial, por cuanto imprime un sentido más tangible de “propiedad” a la vivienda, hasta ahora un mayorazgo absoluto del Estado, según se refrendaba en los documentos legales que establecían a éste como único comprador y administrador inmobiliario posible.

Entre los ecos que ha despertado la medida, llama la atención la opinión de algunos supuestos conocedores de la realidad cubana, cuyos criterios resultan tal vez demasiado triunfalistas, quizás marcados por su pertenencia a escenarios bien diferentes, lo que da lugar a una idealización del suceso. Un ejemplo de esto es el artículo de Phil Peters en el siempre interesante blog The Cuban Triangle (http://cubantriangle.blogspot.com), que bajo el título “Formación instantánea de capital” sugiere un proceso de formación de mercadeo inmobiliario en la Isla que está muy lejos de reflejar con algún atisbo de certidumbre las posibilidades reales de las circunstancias cubanas.

Refiere el optimista Peters, en alusión a la anunciada medida de autorización de compra y venta de viviendas a partir de este 10 de noviembre de 2011, que “la ‘formación de capital’, acumulación de fondos que permite a las personas, las empresas y las economías invertir y crecer, es un proceso que requiere años de trabajo, producción y ahorro”, y que tal proceso “rara vez sucede de un plumazo o de la noche a la mañana. Salvo el jueves, en Cuba”.

Peters (¿ingenuamente?) cree que sólo ahora una casa “se puede convertir en efectivo”. Nada más lejano a la realidad. Es sabido que en Cuba una casa siempre se ha podido convertir en efectivo, solo que se trataba de un proceso ilegal; la diferencia ahora estriba en que tal transacción se torna legal y el Estado se convierte en tasador y cobrador de un impuesto, lo cual no implica necesariamente un abaratamiento de los inmuebles, sino posiblemente todo lo contrario.

Las medidas del General Raúl Castro hasta el momento no han hecho más que otorgar legitimidad a lo que siempre ha existido de manera ilegítima, lo cual no pretende negar que sea positivo iniciar cambios. No obstante, el proceso sigue siendo insuficiente e incompleto.

En el caso de la compra y venta de viviendas, no debemos olvidar que se está discutiendo sobre valores, tasaciones y bienes en una sociedad mayoritariamente huérfana de capital y en ausencia de un verdadero sentido de mercado; en la que, además, los únicos favorecidos podrían ser grupos minoritarios relacionados con los nichos de capital de empresas mixtas o los cubanos que puedan recibir una inyección de capital desde sus familiares en el extranjero. Y esto abre otra interrogante: ¿por qué no legalizar la adquisición de inmuebles por los cubanos residentes en el exterior? ¿No sería el camino más corto entre reconocer la validez de ese capital y el derecho de ellos a invertir legalmente en su propio país?

Claro que esto legitimaría otra diferencia que negaría los cacareados principios de igualdad socialista, ya que otorgaría amplia ventaja a un sector de emigrados (antes “gusanos”, “apátridas”, “traidores”, etc.) que han logrado acumular un capital y, en consecuencia, están en condiciones de adquirir una vivienda o de ofrecer los fondos necesarios a sus parientes en Cuba para que las adquieran. Algo sin muchas consecuencias ideológicas en un país que levita en una especie de limbo entre un fenecido socialismo irrealizable y un insostenible capitalismo de Estado.

En consecuencia, no parece muy justificado el jubileo de Phil Peters y otros corifeos de los medios, deslumbrados por lo que parece la fórmula más novedosa del General. La rimbombancia verbal que exhibe The Cuban Triangle cuando expresa: “Este es un paso histórico para la Cuba socialista y un nuevo hito en el proceso de reformas encabezado por Raúl Castro. Ahora está claro que cuando Raúl Castro habla de ‘cambios estructurales’, lo dice en serio. La medida de ayer da sentido a este término marxista, que incluso los capitalistas pueden entender”, no se corresponde con la realidad de decenas de miles de cubanos que carecen de techo y de recursos para adquirirlo.

Los cubanos estamos muy lejos de considerar como “saldada” la “interrogante sobre la voluntad del gobierno para poner fin a extenuantes controles y permitir importantes expansiones de la actividad privada”, y muchísimo menos se puede tomar la nueva medida (decreto ley) como “una importante mejora para los derechos humanos”. Ninguna reforma será realista en tanto no tenga en cuenta las condiciones de vida de los supuestos destinatarios –dizque “el pueblo” – y mientras no vengan acompañadas de las libertades sociales y políticas que siguen ausentes del panorama nacional cubano.

Por otra parte, la medida ofrece demasiadas inexactitudes y transacciones dudosas, como aquella que exige el depósito de los fondos de la compra del inmueble en el banco y la entrega de un cheque al vendedor, en lugar del capital contante y sonante. En lo que a mí respecta, el Banco Nacional de Cuba y sus sucursales, de variado nombre pero de un mismo dueño, no son un garante confiable, habida cuenta que en repetidas ocasiones no cuenta con liquidez suficiente para permitir la extracción de fondos de sus clientes, ya sean éstos particulares, empresas estatales u otros. Nada, más allá de la engañosa letra oficial, asegura el feliz término de la transacción monetaria.

Un puntillazo adicional para reforzar las reticencias en torno al asunto es la ausencia de un cuerpo de leyes que defienda a los propietarios en medio del acuerdo y el término de la compraventa, en una sociedad donde la propiedad privada ha sido una figura largamente demonizada y no existe una institución legal oficial que ampare los derechos individuales. Es evidente que en relación con el nuevo decreto ley queda mucha tela por donde cortar; y aunque algunos lo consideran un primer paso decisivo, lo cierto es que en materia de derechos y libertades, el gobierno cubano ni siquiera ha comenzado a gatear.

Resumiendo, tanto comentario festivo en torno al reconocimiento de un derecho que nunca debió suprimirse a los cubanos, omite el latrocinio oficial cometido por este mismo gobierno que ha despojado de sus legítimas propiedades a tantos miles de emigrados y durante décadas ha mutilado la posibilidad de heredarlos a sus familiares dentro de Cuba. Quizás habría que empezar por enmendar tanta injusticia, pero –sin dudas– sería mucho pedir a la casta sagrada.

Tampoco hay que esperar cambios verdaderos en un régimen que basa su supervivencia en dilatar todo lo más posible un inevitable proceso de aperturas que precipitaría las transformaciones a un ritmo no controlable por el poder. Los cambios esenciales han de dimanar de las necesidades, realidades y aspiraciones de los cubanos, no de las del gobierno.

Por el momento, el prematuro aplauso de Phil Peters, pese a sus buenas intenciones, remeda al domador del circo que da el terrón de azúcar al perro antes que éste haga la pirueta que espera su público.
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