¿Caso cerrado?
Jorge Olivera Castillo
Es imposible aceptar que el caso de los presos políticos cubanos sea un asunto zanjado, tal y como suele proclamar el cardenal Jaime Ortega Alamino, siempre que algún medio de prensa extranjero le solicita su opinión al respecto.
La respuesta del líder católico abre las puertas a todo tipo de cuestionamientos. ¿Qué se esconde tras la asunción de una postura carente de respeto y compasión por las decenas de reos que todavía padecen los terribles tormentos de la cárcel a causa de sus disidencias?
Al apostar por una respuesta sin matices, para otras interpretaciones que señalen un compromiso, tan siquiera mínimo, con las personas que padecen un injusto encierro, el prelado abre el camino a serios cuestionamientos de índole moral y ética.
Haberse anotado un éxito – pendiente de revaloraciones y tonalidades que podrían disminuir su brillantez – en cuanto al logro de la excarcelación de alrededor de más de un centenar de prisioneros políticos y de conciencia, no es motivo para desentenderse ahora del tema.
Su mediación en este proceso pudo haber sido parte de una estrategia gubernamental sin nada que ver con una decisión marcada por la presunta fortaleza e influencia institucional del clero dentro del mapa totalitario cubano.
La Iglesia Católica quizás fue utilizada, o se dejó utilizar en aras de obtener beneficios, entre los cuales cabría mencionar la conservación de los modestos espacios obtenidos y las posibilidades de obtener nuevas concesiones para sacar ventajas a su labor social y religiosa frente al resto de las congregaciones cristianas autorizadas a ejercer su trabajo dentro de las fronteras nacionales.
Una fría observación del contexto, invita a refugiarse en los puertos de la duda antes de validar lo que a simple vista pareció un gesto de buena voluntad del régimen, junto a las recomendaciones y la capacidad negociadora de la Iglesia y la del otrora canciller español Miguel Ángel Moratinos, los tres artífices de un juego bajo la sospecha de haber sido manipulado por los máximos exponentes del poder en la Isla.
De cierta manera, la proyección del Cardenal en lo referente a los presos políticos abre los cauces para legitimar los puntos de vista que muestran recelo sobre el verdadero papel de la Iglesia en las “liberaciones” ocurridas el año precedente.
Si bien haber podido abandonar la cárcel significó algo positivo para las decenas de personas encarceladas, en su mayoría, por motivos de opinión, es preciso detenerse en las características de una transacción que culminó con un destierro masivo.
Las excarcelaciones fueron condicionadas por el abandono del país, sin boleto de regreso. Quienes esperaban por una amnistía, quedaron defraudados. Al parecer, nunca habrá un proceso de esta naturaleza en el largo mandato del castrismo. Para sacar personas de la cárcel, siempre de manera coyuntural y utilitaria, el gobierno ha usado las figuras del indulto y las licencias extrapenales por razones de salud, que no anulan la sanción.
Más que futuros gestos en este sentido, se necesita de una reforma del código penal donde queden abolidos los castigos por ejercer los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin esas reestructuraciones, es iluso pensar en cambios como los que alentó en 1968 el presidente de Checoslovaquia, Alexander Dubcek. Aquel programa preveía el disfrute de la libertad de expresión, religiosa, de asociación, de prensa; también incluía la descentralización económica y otorgaba un papel más importante a los partidos y grupos no comunistas. Por tratar de implantar lo que se denominó como “socialismo de rostro humano”, Dubcek fue despojado del cargo en 1969, expulsado del partido comunista en 1970 y degradado al cargo de Inspector de la Administración Forestal, tras ser depuesto por las tropas soviéticas.
Es obvio que Raúl Castro no será el protagonista de un proceso similar en Cuba. Es el heredero dinástico de un sistema que persiste en criminalizar la pluralidad política, económica y social.
Humanizar el socialismo real es una gran utopía. Este modelo no puede sobrevivir desconectado del copioso arsenal de métodos coercitivos que se aplica sistemáticamente en aras de lograr el apoyo de las masas a través del miedo.
El general-presidente solo está dispuesto a ligeros cambios que no lleguen a contaminar los principios de una ideología que presentan como un dechado de virtudes.
Esos presos de conciencia que el Cardenal lanza al abismo del olvido, son rehenes de una esclerotizada élite política que continúa en pugna con las leyes de la dialéctica.
Urge una rectificación del máximo representante en Cuba de la Iglesia Católica.
Nada justifica que haya hombres tras las rejas por el simple hecho de protestar pacíficamente contra el gobierno, criticar al Partido Comunista o reclamar derechos que deberían estar garantizados y protegidos por la ley.
oliverajorge75@yahoo.com