El año de las reformas

Julio Aleaga Pesant, Osmar Laffita y Rogelio Fabio Hurtado
¿Se puede asegurar que con las recientes medidas económicas, el gobierno cubano deja atrás el totalitarismo y se encamina hacia el establecimiento de un régimen autoritario?

Concluye 2011, el año en que el régimen cubano decidió acelerar el ritmo de “las reformas”, que prefiere denominar con una eufemística frase tan ridícula como incómoda: actualización del modelo.

Primero hizo crecer el cuentapropismo, otro eufemismo, esta vez para designar la pequeña y mediana empresa familiar en el área de los servicios. Luego fue la liberación discriminatoria de la compra y venta de automóviles y otros medios de transporte. Y por último, la legalización de la compra-venta de viviendas.

Faltaría, según las expectativas creadas, la muy esperada nueva ley migratoria, que permita a los ciudadanos entrar y salir libremente de su país sin tener que pedir permiso al Ministerio del Interior.
Los entendidos en los asuntos cubanos, con sus particulares apreciaciones, concuerdan en que a pesar de las recientes medidas tomadas por el gobierno encaminadas a desmontar el control absoluto que ejerce sobre la sociedad, no se puede afirmar que vayan dirigidas a dejar atrás el totalitarismo y encaminarse al establecimiento de un régimen autoritario.
El Partido Comunista ejerce el control del Estado y del gobierno, sin dar espacio a otros sujetos cuyos fines y propósitos se contrapongan a su programa, razón por lo que sus decisiones son esencialmente totalitarias.
El general Raúl Castro y sus colaboradores más íntimos están concientes de que en sus tres años de gobierno han perdido influencia y credibilidad en amplios sectores de la población. Ante esta realidad y movidos por una cierta dosis de pragmatismo, en un intento de recuperar el terreno perdido y concientes del riesgo a que se exponen, han promulgado varios decretos -leyes que conceden, desde el punto de vista económico, limitada independencia económica a segmentos significativos de la sociedad cubana.
Expectativas y resultados

El año 2011 llegó con tres anuncios: sería por fin celebrado el largamente aplazado VI Congreso del Partido Comunista, la actividad por cuenta propia se desplegaría a plenitud y el despido masivo de más de un millón de trabajadores abarcaría a todos los organismos estatales.

Cada quien aguardó las consecuencias de estos procesos de acuerdo con sus propias expectativas. Los partidarios del gobierno esperaban lo mejor del congreso, la salvación del socialismo castrista. Los debutantes en el mundillo del micro capitalismo mercantil soñaron con ganancias crecientes. Los opositores contaban con que la llamada racionalización provocaría una revoltura social propicia para fortalecer sus filas. Pero nada fue así.

El tan esperado VI Congreso resultó una larga lección de redacción, a cargo del nuevo súper ministro, Marino Murillo, quien llevó todo el tiempo la batuta, bajo la mirada lépera del General Presidente. La exclusión de las temáticas sociales y políticas, postergadas para la Conferencia Nacional, que se efectuará en enero de 2012, convirtió en muy poca cosa el evento.

El anuncio de la disposición a reducir los ciclos de poder a un máximo de diez años resultó lo más novedoso y fue bien recibido, aunque no quedó claro si estaba refiriéndose también al liderazgo histórico o sólo al resto de la nomenclatura.

El cuentapropismo ha protagonizado un auge de la pequeñísima actividad comercial, bajo la presión de tasas impositivas fuertes, apenas aliviadas por mínimas reducciones acordadas por el Consejo de Ministros. La más importante de ellas ha sido la que concede a las paladares el permiso de ampliarse hasta las 50 sillas. Sigue sin crearse el mercado mayorista y, en su lugar, las tiendas estatales están ofertándoles frazadas de piso, detergentes y otros artículos, a su precio habitual en cuc para que los revendan -más caros, por supuesto- en pesos cubanos.

Respecto a los anunciados reajustes de las plantillas laborales, tras algunos graves incidentes, que incluyeron al menos la muerte de un administrador a manos de un trabajador declarado no idóneo en un conocido restaurante habanero, y del comienzo de las revoluciones árabes, el gobierno puso la luz roja y ha aplazado su anunciado reajuste. Algo parecido ha ocurrido con la supresión de los comedores obreros.

Las casas y los carros

El decreto-ley que autoriza la compra y venta de automóviles y de viviendas, suprime trabas administrativas y asegura una buena mascada para las arcas estatales en cada operación que se lleve a cabo. Ambas disposiciones apenas rectifican una parte de las usurpaciones “revolucionarias” contra los derechos de propiedad connaturales a las personas en cualquier otro país. En sentido general, se trata de medidas calculadas para beneficiar al sector poblacional de mejores ingresos, integrado en su mayoría por personeros del régimen y por ciudadanos respaldados económicamente por sus familiares desde el exterior.

Las nuevas leyes, reglamentos y disposiciones, tienen mucha letra pequeña e interpretaciones. Y mantienen la desconfianza entre la población, sobre la legislación, su aplicación y sus zonas ocultas. Muchos se preguntan si tal ley “intenta controlar los movimientos financieros y encauzarlos en una dirección convenida, si la más cuál se dirige contra los dueños de los ‘almendrones’, porque lleva a su depreciación a favor de autos más modernos o si la ley de la vivienda garantiza las propiedades robadas por los burócratas del gobierno.

Algunos hablan con sagacidad sobre “los hilos de la piñata”, que permitirán la venta de autos del Estado, la apropiación de inmuebles pertenecientes a empresas e instituciones o el alquiler de apartamentos en los condominios administrados por empresas extranjeras.

No obstante, las recientes medidas significan una negación absoluta a la tendencia mantenida durante medio siglo. Ante todo, por constituir un cambio sustancial en la percepción de la propiedad por el estado totalitario. Además, establece paradigmas para la producción agropecuaria, base sustancial de nuestra economía.

Los pros y los contras

Para el periodista y bloguero Reynaldo Escobar, el gobierno desaprovechó la oportunidad de fortalecer el peso cubano o buscar la moneda única, al no instituir la obligación de realizar las transacciones en pesos.

La compra y venta de vehículos implica una movilidad en la propiedad vehicular, y una tendencia a la renovación del parque automotor. Al mismo tiempo poner en manos privadas algunos miles de autos, camiones y buses, que en estos momentos se encuentran detenidos por baja técnica o en funcionamiento para empresas estatales, incluidas las de renta de automóviles del Ministerio de Turismo.

Las nuevas normas para la transmisión de la propiedad habitacional, genera especulaciones sobre las oportunidades y las zonas poco visibles de la ley.
El Decreto-Ley 288 y sus resoluciones complementarias eran ampliamente esperados. Sin embargo, cada vez que sale una ley como esta, por muy avanzada que se vea en nuestro escenario, aun no cumple las expectativas de la población. Por lo pronto, la nueva ley disminuirá la corrupción, sobre todo en las Direcciones Municipales de Vivienda, verdaderos hervideros de ilegalidades, robos y estafas a la población.

La disminución del número de estudiantes internos -becados en las escuelas secundarias y preuniversitarios en el campo, uno de los mayores desastres nacionales, con connotaciones económicas, psicológicas y antropológicas- de 330 mil a 89 mil en todo el país (dos terceras partes) y su inclusión gradual en el sistema escolar urbano es otro cambio importante. Que el recortado presupuesto de educación del año 2011 sea 380 millones de CUC, hace que la economía estatal esté más libre de cargas inútiles.
En la actualidad, 338 280 cubanos ejercen como cuentapropistas y 114 000 han recibido tierras para explotarlas en usufructo. Pero una telaraña de burocracia estatal obstruye su normal funcionamiento. Esta burocracia está aterrorizada al ver que el poder que ejercía se le va de las manos.
Este temor de la burocracia estatal explicación el no establecimiento del comercio mayorista para abastecer a los cuentapropistas y también el hecho de que a tres años de la entrada en vigor del Decreto –Ley 259 que autoriza la entrega de tierra en usufructo, por la complicidad de los directivos del Ministerios de la Agricultura, muchas empresas agropecuarias se resisten a declarar sus tierras ociosas, que suman 1 500 000 hectáreas plagadas de marabú o mal atendidas.
En menos de un año, 51 461 cubanos se han convertido en propietarios de micro-empresas elaboradoras de alimentos en las modalidades de pizzerías, cafeterías y restaurantes, en las que han encontrado empleo 34 205 personas.
En estos momentos, miles de cubanos ya no dependen de los míseros salarios que paga el Estado, sino que viven del dinero que ganan en sus nuevos negocios o como usufructuarios de tierra, amparados en las nuevas legislaciones. Reconocen que no tienen ninguna libertad política, pero se sienten un poco más cómodos y libres.

¿Y las libertades políticas?

Lamentablemente, continúan las violaciones de los derechos humanos y no puede distinguirse ningún avance en el reconocimiento a los derechos civiles y políticos de los cubanos. El contacto entre el régimen y el Cardenal Ortega, esperanzador en su principio, se quedó en que el gobierno se quitó de encima a los condenados de la Primavera Negra –a la mayoría los desterró- y una tolerancia muy limitada hacia los opositores que no les impide a las turbas de repudio hacer y deshacer, amparadas por el sofisma de la “indignación popular”.
Últimamente, con la anuencia de las autoridades, se han creado tímidos espacios de debate y opinión y de pensamiento, al margen del control ideológico del Partido Comunista. Pero evidentemente son insuficientes.
Durante este año, fueron presentadas dos apelaciones al Tribunal Supremo contra fallos de tribunales inferiores que validaban atropellos administrativos contra la Asociación Jurídica Cubana que preside el abogado Wilfredo Vallín, y la conocida bloguera Yoani Sánchez. Ambos recursos fueron vistos y rechazados en sendas vistas formalmente muy correctas.

No se sabe si los cambios serán irreversibles. Hay todavía demasiados intereses encontrados en la cúpula de poder como para ser categóricos en esta definición. El proceso está lleno de incertidumbre y de las muchas trabas que ejercen grupos que continúan aferrados a su inmovilismo continuista.
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