Problemas de la política exterior cubana

Por: Aleaga Pesant, Manuel Cuesta Morúa, Wilfredo Vallin Almeida, Dimas Castellanos

No existe una tendencia ni una tradición para la brega diplomática con un régimen como el cubano. Las respuestas no se antojan fáciles. Quizás entre las soluciones posibles esté, asumir tanto al gobierno como a la sociedad civil de Cuba como interlocutores válidos, de un eventual escenario negociador. ¿Podrá alguien hacerlo posible?


En enero de 1998, la visita del Papa Juan Pablo II trascendió en una frase: “Ábrase Cuba al mundo y que el mundo se abra a Cuba”. Desde su discurso apostólico, definía una de las claves de la solución de la crisis de la nación cubana: su interrelación con el escenario internacional.

¿Abriéndonos al mundo?

¿Pero está la cancillería del Estado cubano a la altura de las necesidades de la nación? En la tradición diplomática del régimen cubano, el concepto autonomía no es autosuficiente en cuanto evitar la dependencia de terceros países. Para ella, autonomía significa simplemente autarquía.

Sin embargo, para los demócratas cubanos y las fuerzas emergentes de la sociedad, el significado de autonomía, de acuerdo con las fórmulas de política exterior, también es distintivo de la versión cosmopolita de pensar a Cuba en el mundo al que debe ajustarse, tras completar un ciclo de reformas estructurales.

Pero hay retos… y rotos… En la nueva agenda de las relaciones internacionales, la falta de preparación técnica de los diplomáticos cubanos para lidiar con temas de naturaleza tan diversa, como a los que se enfrenta el mundo multipolar, impide un mayor aprovechamiento de los escenarios internacionales en favor de los intereses de la nación.

Por ejemplo, los Ministerios siguen concentrados en la elaboración de políticas públicas estrictamente internas (educación, salud, empleo, agricultura, azúcar, etc.) sin desarrollar estrategias de diálogos y de actualización internacional (hoy en día, en prácticamente todos los Ministerios hay un área de relaciones internacionales, dirigida por burócratas sin mayores conocimientos del escenario internacional).

No existen en la cancillería cubana, políticas de reclutamiento de personal especializado en otras ramas de las políticas públicas y menos con pensamiento independiente, que ingresen al cuerpo, con el fin de mejorar la capacidad de negociación del país en temas no convencionales como seguridad, comercio y políticas de empleo.

La necesidad de contar con la participación especializada de otras burocracias gubernamentales se enfrenta a la preocupación del Partido Comunista por mantener el control y la sumisión de esa red de actores; impidiendo la necesaria descentralización del proceso de formación de la política exterior, sobre todo en la fase ejecutiva, para que exista un mayor espacio de gestión en el proceso de aplicación de los diseños.

La liberalización económica y sus efectos distributivos sobre la política exterior y el fin de la Guerra Fría y de la ideologización de los temas, así como la intensificación de la globalización con una mayor integración, no impidieron que el Estado se mantuviera cerrado a la influencia externa y a la modernización de sus mecanismos de activación de políticas públicas, ni motivaron lo suficiente al régimen para ampliar el margen de participación de los actores del Estado en el proceso de toma de decisiones sobre política exterior. Tampoco incidieron en la posibilidad de lograr una mayor participación de diversos actores de la sociedad civil en este campo.

Así pues, la represión del régimen totalitario de las demandas de participación de nuevos actores, impide la acción directa de sectores emergentes de la sociedad civil. Eso se vuelve traumático en sus definiciones, por la necesidad de hacer frente a los desafíos de la diversificación de las agendas y exige a los negociadores del Estado una especialización, más allá de sus atribuciones, para resolver los problemas planteados. De esta forma, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, ecologistas, movimientos cívicos y sociales, entre otros, buscan participar en la construcción de decisiones y estrategias de la política exterior, sin lograrlo.

Cuba está preparada para abrirse al mundo, que pueda contar con su cancillería es objeto de duda.

La confrontación, ¿una estrategia?

Aunque la política externa dimana de la interna, las relaciones conflictivas entre Cuba y Estados Unidos invirtieron esa relación. En 1959 el Gobierno cubano se autodefinió así: “Entre las dos ideologías o posiciones políticas y económicas que se están discutiendo en el mundo, nosotros tenemos una posición propia”. Sin embargo, las medidas dictadas, al afectar los intereses norteamericanos, generaron el giro hacia el totalitarismo, uno de cuyos resultados fue la eliminación de la sociedad civil y la violación de los derechos humanos.

En ese contexto, los países miembros de la Unión Europea (UE) que mantenían relaciones bilaterales con Cuba, asumieron en 1996 la Posición Común con el fin de alentar la democratización y el respeto de las libertades fundamentales, lo cual se reflejó en el reconocimiento público de la oposición cubana.

Ese reconocimiento aumentó las tensiones. En el año 2003, Cuba solicitó integrarse a los acuerdos de Cotonou –relaciones de cooperación entre la UE y los países de África, Caribe y Pacífico – que implican el compromiso de promover y proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos. Sin embargo, en ese mismo año, a causa del encarcelamiento de 75 opositores pacíficos y el fusilamiento de tres jóvenes que intentaron secuestrar una lancha para escapar del país, el Consejo de la UE reafirmó la validez de la Posición Común.

Desde octubre de 2008, cuando se logró reanudar la cooperación sin condicionamiento alguno, el Gobierno español se propuso derogarla; pero en enero de 2010, apenas España ocupó la presidencia de la UE, se prohibió la entrada a Cuba del eurodiputado español Luis Yáñez y al mes siguiente el prisionero político Orlando Zapata murió tras una prolongada huelga de hambre, dos sucesos que echaron por tierra el propósito español.

Si a la confrontación con Estados Unidos y Europa, se une el rechazo al acuerdo de la OEA, que condicionó el reingreso de Cuba a la aceptación de la Carta Democrática Interamericana de 2001, la cual exige el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, más la no ratificación de los pactos de derechos humanos firmados desde 2008, se puede inferir la existencia de una estrategia dirigida a desentenderse de cualquier compromiso que comprometa al Gobierno cubano a restablecer la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos y la democratización, y en su lugar, estrechar los lazos con instituciones como el ALBA, donde al parecer no existe ese tipo de exigencias.

¿Cómo lidiar con un sultanato?

La respuesta es difícil desde el exterior. Ni el realismo, ejemplificado por Henry Kissinger, quien negoció el deshielo con la China comunista en la década del 70, ni el internacionalismo del ex-presidente James Carter, el que se abre al Gobierno cubano en aquella misma década con la esperanza de atraerlo a cierto comportamiento decente en la comunidad mundial, han logrado una normalización de Cuba en el escenario internacional. La política europea tampoco. Ni en su fase más pasiva, la que se extiende desde los años 60 a los 90 del siglo pasado, ni en su dimensión más activa, la que va desde esos años 90 a la actualidad.

En cuanto a América Latina, no cabe hablar de propósitos de una política exterior hacia Cuba. En rigor, nunca ha existido. En nuestra región cultural tenemos versiones distintas de la llamada Doctrina Estrada, impulsada desde México, por la cual el reconocimiento diplomático se le reconoce a los Estados, no a los gobiernos. Y en la práctica esto viene a significar que la sociedad civil dentro de los Estados, como sí ocurre con Europa y los Estados Unidos, no es fuente para una determinación de la política exterior, con las excepciones puntuales. Hasta 1980, Cuba solo existía para los gobiernos latinoamericanos como dolor de cabeza en forma de guerrillas. Después, con el progresivo restablecimiento de relaciones diplomáticas, Cuba solo existe en forma de Estado. Esto comienza a cambiar, por supuesto, pero es muy pronto como para fijar una tendencia y una tradición: perfiles muy importantes en política exterior.

¿En qué radica el problema? La explicación no va por la insolvencia diplomática e intelectual de Europa y de los Estados Unidos. Los resultados erráticos desde ambos centros de poder podrían entenderse como fruto de la incapacidad intrínseca de cualquier diseño de política exterior pos-1914 para lidiar con regímenes autocráticos, nótese bien que no digo aristocráticos, cortados según los moldes de los sultanatos del Medio Oriente. Una de las características esenciales de los sultanatos es que las decisiones políticas no nacen de cualquiera de las combinaciones posibles entre la capacidad y visión de los responsables políticos, el juego de intereses, los factores de poder y las consideraciones estratégicas, como es y fue el caso incluso en las monarquías absolutas, sino de la visión, ambición y los humores del sultán.

La política exterior cubana responde a la naturaleza esencial de un sultanato. Lo que explica una paradoja. El alto nivel técnico-profesional de la diplomacia cubana, por un lado, y su indigencia intelectual, y sobre todo estratégica, por el otro.

Nunca ha sido tan cierto, como en el caso de Cuba, aquel pensamiento de Carlos Marx sobre países que, en su atraso, son contemporáneos políticos del resto de las naciones, sin ser sus contemporáneos históricos. Es esta falta de simetría histórica la que viene bloqueando la efectividad de los diseños diplomáticos tanto europeos como norteamericanos para lidiar con el gobierno de la isla.

De regreso de su propio impulso imperial, —un regreso obligado porque el Gobierno cubano nunca controló los factores de poder en el tablero mundial― la diplomacia cubana se blinda hacia el exterior con dos conceptos muy curiosos: antisubversión y estabilidad; conceptos que harían las delicias de Metternich, aquel canciller austríaco, bien conservador, que hizo de la Revolución Francesa su principal pesadilla.

Y estos dos conceptos condenan al fracaso, por adelantado, cualquier política exterior que tenga como fuente a la sociedad civil. Donde las políticas norteamericanas de acoso y derribo de los 60 del siglo pasado fracasan por su sesgo “contrarrevolucionario”, las europeas, que promueven el acercamiento, el diálogo y la cooperación fracasan igualmente porque suponen la subversión.

Contrarrevolución, que implica derribo del Gobierno cubano, es equiparada por éste con subversión, que solo conlleva al respeto de los derechos humanos. Y todo porque en los sultanatos la sociedad civil no es un sujeto reconocible que pueda ser protegido por el derecho internacional y tomado en cuenta por las cancillerías de otras naciones.

Y el problema es de difícil solución dentro de las coordenadas de la política mundial. De modo que Europa y los Estados Unidos tienen un solo camino estratégico en el caso de Cuba: proyectar abiertamente, sin subterfugios ni hipocresía, una política exterior que sea reflejo exacto de sus sociedades. Lo que significa asumir tanto al Gobierno cubano como a la sociedad civil dentro de la isla como interlocutores válidos y legítimos según el derecho internacional, en el entendido de que el gobierno es el ejecutor de una soberanía que reside en los ciudadanos, y que ambos son legítimos actores dentro del Estado.

A fin de cuentas, Cuba es gobernada como un sultanato sin serlo; y sobre nosotros y las generaciones que vienen recae el peso de una inmensa deuda financiera, adquirida en nuestro nombre. El asunto nos implica y compete. Y aunque solo fuera por esto último, en una consideración cínica de la política exterior, tenemos el derecho a participar en la renegociación de esta deuda, inmensa, por demás.

¿La solución final?

Es evidente que la situación nacional está en un punto de no retorno. El gobierno ya no podrá nunca más obtener el apoyo popular ni el espíritu de sacrificio, la sumisión, el respeto ni nada con lo que contó desde 1959 por muchos años. Hoy la realidad es otra, no solamente en lo que al pueblo cubano respecta, sino por la situación internacional que vive el mundo contemporáneo.

La existencia del Derecho Internacional Público (DIP), que ha puesto en el centro de su atención el respeto a los derechos humanos y que torna cada vez más al individuo sujeto de ese Derecho, cambia mucho las cosas.

Cualquier exceso impensado del Gobierno cubano, puede poner en marcha acciones y mecanismos internacionales que no existían hace algunos años. Hoy existen los poderosos cascos azules de la ONU y la institución del Derecho Internacional conocida como “intervención por motivos humanitarios”, que ha sido puesta en marcha decenas de veces anteriormente por la comunidad internacional y contra la que no hay nada que hacer por más que los ciegos -o los irresponsables- quieran anteponerle posibilidades militares internas que más mueven a risa que a otra cosa.

Es precisamente esto último lo que mantiene en la calle a miles de personas de la disidencia interna y frena “la solución final” que el gobierno debe haber ya analizado aplicar. Lo que haga a partir de ahora, puede resultar fatal para los contestatarios, pero también lo será, sin duda alguna, para los detentadores del poder.

A pesar de la resistencia gubernamental, la relevancia de las libertades cívicas obligará, tarde o temprano, a cambiar la política interior y desde ella proyectar las relaciones exteriores basadas en el diálogo como principio rector y estrategia permanente. Entonces, habrá que comenzar por excarcelar a todos los prisioneros políticos, ratificar los pactos de derechos humanos, acoplar la legislación a esos pactos y abrir un debate nacional sobre los problemas que nos aquejan, para que los cubanos puedan participar como sujetos en los destinos de su nación. Es, sencillamente, un problema de tiempo.