La Unión Europa y el Vaticano apuestan por el sucesor

En una primera mirada a la nueva situación cubana pareciera haber más razones para el escepticismo que para la esperanza, cuando de cambios se trata. Una auscultación más en profundidad podría tal vez darnos otras coordenadas analíticas.

A la luz de los resultados, la sucesión del poder en Cuba se ha consumado en un proceso pausado, sobrio y preciso, que nunca llegó a ser frenado, alterado o influido significativamente por actores externos o internos, y que se ajustó en todo momento a los designios de una decisión estratética concebida y dirigida desde lo más íntimo e intrincado de la dictadura revolucionaria.

Ni el largo embargo de los EE UU, ni las cortas sanciones de la Unión Europea y menos la adivinada crítica del exilio, lograron evitar un traspaso dinástico del mando supremo de la nación.

Para el régimen cubano el mérito de esta sucesión, tácitamente anunciada, no sólo reside en lo impecable de su escenificación, sino en el potencial de expectativas que ha logrado concitar, dentro y fuera de la isla, con tan sólo un mínimo de capital reformador y gestos humanitarios.

Muchos coinciden en que el nuevo gobierno cubano, encabezado por Raúl Castro, se estrena con el crédito del Vaticano, la rendición moral de la Unión Europea y la confirmación de la inutilidad política del castigo económico norteamericano. Todos éstos, unos dividendos estupendos para una dictadura que ni siquiera cuenta con una hoja de ruta para la eliminación de sus propias prohibiciones económicas ridículas, y cuya voluntad de libertad y justicia, no llega más allá del destierro de un puñado de prisioneros políticos.

No son pocos los que opinan que con la firma de los pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, el gobierno de La Habana, sólo “compra tiempo” en la arena internacional, sentenciando que, como lo ha demostrado la experiencia de tantos años, los convenios no se cumplirán. Entre otras razones, se mencionan las reservas manifestadas por los signatarios cubanos y la improbabilidad de que el régimen cubano ajuste su legislación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Pero todo depende del cristal por donde se mire.

A propósito de las especulaciones en torno a las reservas interpretativas del régimen hacia los pactos firmados, vale la pena destacar el hecho que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4, a la vez que contempla la posibilidad de una suspensión temporal de las obligaciones contraídas, —aquí puede el gobierno de Cuba encontrar la justificación de alguna particular lectura de lo establecido en el convenio— también excepciona de dicha suspensión a siete de las disposiciones: Artículo 6 (derecho a la vida), Artículo 7 (prohibición de la tortura y los malos tratos), Artículo 8 (prohibición de la esclavitud y la servidumbre), Artículo 11 (prohibición de la encarcelación por el sólo hecho de no cumplir un contrato), Artículo 15 ( prohibición de las condenas por actos no definidos de antemano en la legislación nacional o internacional), Artículo16 (reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano), Artículo18 (derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión). Con otras palabras el régimen tiene un aliado en el pacto a la hora de suspender algunos derechos o interpretarlos como prefieren decir sus personeros, pero al mismo tiempo, está obligado a respetar sin excepciones las disposiciones enumeradas. No poca cosa para un régimen que hasta el día de hoy no se obliga a cumplir ninguna de ellas.

Aun compartiendo un grado saludable de escepticismo en relación a la voluntad del régimen cubano con los derechos humanos, no es menos cierto, que en esta oportunidad, hay indicios de que sí podría existir, si no una voluntad, sí un interés por respetar los convenios asumidos.

No hay que olvidar que los pactos no sólo se circunscriben a libertades que podríamos llamar de “implementación difícil” dentro de un sistema socialista de partido único como por ejemplo: la libertad de expresión o la libertad de asociación que incluye la de formar sindicatos, sino también, los pactos tratan sobre derechos como la educación, a la salud y otros, donde el régimen cubano bien podría ganar muchos puntos en una evaluación internacional, que en la práctica siempre será comparativa con la evaluación de otros países firmantes de los pactos mencionados, cuyos gobiernos no se caracterizan precisamente por la observancia de los mismos, como son los casos de Argelia, Corea del Norte, Chad, China, Libia, Ruanda y muchos otros.

Del mismo modo conviene recordar que todos los países firmantes de estos pactos y miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU serán sometidos a un examen periódico, empezando por 46 de ellos durante el presente año y así sucesivamente en los años siguientes, tocándole a Cuba un examen en el 2009. Tiempo suficiente para que el régimen presente un mejoramiento sustancial de la situación de los derechos ciudadanos en el país con medidas de una relativa fácil realización como son: la excarcelación de los presos políticos, la liberalización de los trámites para salir e ingresar al país y el derecho de reunión.

El crédito vaticano

La visita del cardenal Bertone —que sirvió ante todo para legitimar las instancias jerárquicas locales que lidiarán las relaciones entre una Iglesia necesitada de más contingentes y espacios para su misión y un régimen dispuesto a cederlos a cambio de una actividad que se mantenga estrictamente dentro de los marcos pastorales— fue otro de los éxitos de los que pueden presumir las nuevas autoridades cubanas. La exclusión de los disidentes internos en la agenda de reuniones del mandatario del Papa, más allá, de algún reclamo puntual, no produjo en esta ocasión la reacción mancomunada de la oposición, tal y como ocurrió durante la visita de Moratinos.

Por otra parte, parecen no ser pocos los que, dentro y fuera, ven con buenos ojos un ensanchamiento en las actividades pastorales de la Iglesia, conscientes que la demostrada sensibilidad de sus sacerdotes parroquiales, sus laicos y sus creyentes de base impondrán a la larga su sello social a la jerarquía superior.

Europa confirmará el diálogo

La actual división europea entre partidarios del llamado diálogo crítico y los adherentes a la política de sanciones genera un impasse de difícil solución por los requerimientos comunitarios de unanimidad en torno a una u otra solución. La Unión Europea con toda seguridad seguirá el camino dialogante con el régimen cubano iniciado por España, reforzado por el reciente triunfo electoral socialista en ese país, cuyas autoridades, dicho sea de paso, no han dudado en atribuirse, junto a la Iglesia católica agregan, el papel de promotores de la transición en Cuba.

La declaración de la Central de Trabajadores del Reino Unido y de 21 sindicatos británicos reclamando un mejoramiento de las relaciones bilaterales con Cuba, especialmente los intercambios comerciales disminuidos entre 2000-2006, como la reciente visita, originalmente discreta, de empresarios holandeses a Cuba, son dos ejemplos que podrían estar indicando una nueva apuesta en las relaciones entre Europa y la isla.

La oposición pacífica interna y la sociedad civil cubana deberían saber reaccionar con inteligencia y sensibilidad ante esta nueva situación. Sin renunciar a la denuncia permanente de los intentos y decisiones por ignorarlos y excluirlos de las instancias del diálogo oficial, deberían afinar sus estrategias de lucha inmediata por los derechos democráticos y políticos, para sintonizarlas con las demandas y requerimientos más elementales de la inmensa mayoría de una población agobiada por las carencias materiales y desencantada de la utopía política. Sólo así podrían alcanzar la representatividad de masa crítica que los legitime como interlocutores válidos e insustituibles de la voluntad de cambio y la necesidad de transición.