Con gran propaganda el canciller de Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la sede de la ONU de Nueva York, el 28 de febrero pasado. Los documentos habían entrado en vigor en 1975 y han sido ratificados por la mayoría de los países. Hasta China y Vietnam se adscribieron a esos documentos. En la declaración del ministro cubano se manifiesta: “Esta firma formaliza y reafirma el compromiso de Cuba con los derechos protegidos por ambos instrumentos, los que mi país ha estado sistemáticamente realizando desde el triunfo de la revolución cubana en 1959”.
Luego se expresa que “el bloqueo económico, comercial y financiero por los Estados Unidos y su política de hostilidad y agresión” constituyen el más grave obstáculo al disfrute de esos derechos; la Constitución de la República y la legislación nacional consagran los derechos protegidos en esos pactos; y en cuanto al alcance y aplicación de algunos postulados de esos instrumentos internacionales, Cuba registrará las reservas o declaraciones interpretativas que considere pertinentes”. Cabe preguntarse, por qué no los suscribieron antes, si realmente se cumplen y si la explicación estará en las reservas y declaraciones interpretativas, que parece mutilarán cualquier efectividad al supuesto compromiso contraído.
Igual fanfarria ha concedido el Sr. Pérez Roque a las visitas del Sr. Jan Ziegler, Relator Especial de ONU para el Derecho a la Alimentación, y del Sr. Louis Michel, Comisario para la Cooperación y el Desarrollo de la Unión Europea, así como a las próximas estancias de relatores temáticos y el escrutinio en 2009 del Gobierno cubano por el Consejo de Derechos Humanos (CDH). Por supuesto no ha faltado la salvedad de que todo ese ejercicio está en dependencia de la no politización hacia Cuba y las supuestas amenazas del imperialismo yankee.
En realidad, los pactos tienen contemplado el derecho a la suspensión de importantes capítulos, si se considera que está en peligro la seguridad nacional. Esto podría ser lo previsto por las autoridades cubanas al mencionar sus salvedades.
Por otra parte, el escrutinio del Consejo es obligatorio para todos sus miembros y, por tanto, corresponde realizarlo en Cuba el próximo año. De ahí que no es el Gobierno el que se brinda o admite ese mecanismo, sino que como miembro, que se ufana de ser fundador y respetuoso cabal de los derechos humanos, tiene que pasar los criterios mínimos. Entre ellos se encuentran los pactos mencionados, los cuales no sólo debe firmar el gobierno, sino tienen que ser ratificados por la Asamblea Nacional del Poder Popular para que posean efecto obligatorio. Al propio tiempo, gran parte de la legislación cubana tiene que adecuarse, incluido el Código Penal, lo que ya el Canciller anunció implícitamente que no se realizará.
Muchos altos responsables en la Alta Comisaría y del Consejo de Derechos Humanos, así como en la Unión Europea y ciertos gobiernos democráticos, esgrimen la esperanza de que las autoridades elevadas el 24 de febrero pasado realmente tengan intenciones de efectuar cambios en Cuba, incluida la esfera de los derechos humanos. Esto sería loable, pero tiene el peligro de que las buenas intenciones sean empañadas por las promesas que los cubanos estamos acostumbrados a escuchar desde hace casi 50 años, para sufrir el resultante desengaño.
Si las autoridades cubanas realmente tienen el honesto interés de sacar al pueblo de la crisis general que padece, un primer paso debería ser la liberación inmediata e incondicional de los prisioneros de conciencia, y de los prisioneros políticos pacíficos. Sin embargo, hasta el presente de los 75 correspondientes a la gran represión de marzo de 2003, permanecen en las cárceles 55 y 9 que recibieron licencia extrapenal por serias enfermedades y están en Cuba amenazados de ser retornados a prisión en cualquier momento. Liberados han sido aquellos cuyas vidas corren serios peligros y gracias a la gran solidaridad internacional. Lamentablemente, todos continúan siendo rehenes de decisiones arbitrarias y según las conveniencias.
Las condiciones en las cárceles cubanas son realmente bochornosas y crueles para todos los reos. Como el Gobierno se ha negado a reconocer la existencia de los prisioneros de conciencia y políticos pacíficos, los mezcla con reos comunes, la mayor parte de gran peligrosidad, además pretendiendo la humillación y el resquebrajamiento moral. Supuestamente sólo existen contrarrevolucionarios y mercenarios al servicio de los Estados Unidos. Pero esas personas pacíficas e inocentes han mantenido su dignidad, a pesar incluso de que sus familias son igualmente condenadas. La injusticia y la tortura psicológica no se pueden esconder tras giras de artistas por patios maquillados de cárceles e internos escogidos.
Los ilustres huéspedes deberían recorrer las celdas y los corredores de cárceles escogidas al azar, o al menos hablar con los presos de conciencia y políticos, así como visitar los humildes hogares de sus familiares en las zonas apartadas de Cuba como los extremos de Pinar del Río y las provincias orientales. También deberían entrevistarse con integrantes de la sociedad civil perseguida, entre ellos los acreedores de los Premios Sajarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.
Desde quitrines, limosinas y aviones gubernamentales solamente, no es posible apreciar la realidad. Hay que comunicarse con los cubanos en las calles, quizás despojado de traje y séquito, para lograr que venzan el miedo y se expresen sobre las dificultades cotidianas.
Indudablemente, el destino de Cuba depende de nosotros, los cubanos, pero de todos. El espaldarazo a un gobierno con propósitos inciertos, no beneficia al pueblo, sino que podría fortalecer un neo totalitarismo. También estamos expectantes, pero queremos ver resultados para poder confiar. Todavía nos preguntamos ¿dónde están los cambios?